Convivencia bajo control?
Desde Àgora de Treball Social de Lleida observamos con preocupación el debate reciente sobre la incorporación de policía en los centros educativos de secundaria. Como profesionales que trabajamos con adolescentes, familias y situaciones de vulnerabilidad, creemos que este debate merece una reflexión más profunda.
Los conflictos en los institutos existen y negarlo sería simplificar una realidad que muchos equipos educativos viven con cansancio. En las aulas conviven tensiones, malestar emocional, agresividad, discursos machistas o racistas cada vez más explícitos y situaciones familiares complejas. La precariedad, la polarización, la salud mental o la violencia digital entran cada mañana en los centros y condicionan la convivencia.
Precisamente por eso, este debate merece una reflexión más profunda. La pregunta no es si hay conflictos —porque los hay—, sino desde dónde decidimos abordarlos. Cuando se espera que la policía aporte autoridad o límites dentro de los centros, quizás deberíamos preguntarnos si no se está asumiendo, también, un determinado relato sobre cuál es el problema de fondo.
La presencia policial en los centros educativos no es neutra ni simbólicamente inocente. No se trata de cuestionar la labor preventiva o de coordinación policial, ni de negar situaciones que requieren intervención. Pero sí de preguntarnos qué mensaje transmitimos a los adolescentes cuando la respuesta visible ante el conflicto es sobre todo la del control.
Porque las instituciones también educan. Cuando determinadas tensiones se abordan sobre todo desde la vigilancia, enviamos mensajes sobre qué consideramos un problema, quién es percibido como conflictivo y qué adolescentes son mirados con más sospecha. No es casual que este debate emerja especialmente en los centros de alta complejidad. Hablar de convivencia en los institutos obliga también a mirar la segregación escolar y las desigualdades sociales que marcan determinados territorios.
Hace años que en los institutos se trabaja con equipos tensionados y con recursos insuficientes para sostener situaciones cada vez más complejas. Profesionales de la educación, del trabajo social y de la salud mental hace tiempo que alertan de lo mismo: faltan espacios de mediación, orientación educativa, apoyo a las familias, trabajo comunitario y tiempo —tiempo real— para detectar malestares, construir vínculos e intervenir antes de que el conflicto estalle.
También es necesario reforzar equipos interdisciplinarios ya existentes, como los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP), donde también hay profesionales del trabajo social, y coordinarlos con unos Servicios Sociales Básicos fuertes y próximos al territorio. Pero también necesitamos proyectos que reconecten a los adolescentes con la comunidad, generen pertenencia y compromiso social en una época cada vez más colonizada por las pantallas.
También es imprescindible reconocer el papel de las familias como principales educadoras y la importancia de su participación en los centros educativos como parte de esta corresponsabilidad. Pero esta apelación no puede hacerse desde la culpabilización. Muchas familias sostienen el día a día en medio de precariedad, problemas de vivienda, trabajos inestables, barreras idiomáticas o malestar emocional. Pedir corresponsabilidad sin reforzar los apoyos puede acabar siendo injusto. Reforzar la convivencia también implica reforzar los apoyos y las condiciones que permiten educar.
Porque convivir no es lo mismo que controlar. En la escuela no solo nos jugamos resultados académicos: nos jugamos qué sociedad queremos construir y desde qué valores decidimos hacerlo.